El padre jesuita, Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla; y el abogado, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea; informaron que llegaron a un acuerdo conciliatorio con el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.
Los defensores de derechos humanos dieron una explicación pública luego de la acción legal interpuesta por «difamación continuada y agravada», por parte del gobernador Lacava.
En parte de la explicación los humanistas indicaron lo siguiente:
«No ha sido nuestra intención señalar al gobernador, Rafael Lacava como responsable, ni directo ni indirecto, de presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudiesen haber ocurrido en el estado Carabobo».
«La solicitud que hicimos en la presentación de nuestro informe sobre la necesidad de investigar y establecer responsabilidades, no pretendió de nuestra parte, hacer un señalamiento acusatorio al Gobernador, aunque así pueda haberse entendido».
«Lo que quisimos manifestar y aún exigimos en términos generales es que se investigue toda muerte violenta con rigor, para que los familiares de las víctimas de funcionarios policiales en todo el país tengan acceso a la verdad, a la justicia y a la protección efectiva».
«Afirmamos que corresponde a las instituciones competentes investigar, dar a conocer la verdad de los hechos y establecer responsabilidades para que no haya impunidad. En el caso del gobernador Lacava, aclaramos que no poseemos, ni hemos poseído en ningún momento indicios, elementos o fundamentos para vincular a su persona con presuntas ejecuciones extrajudiciales».
«No pretendimos en el pasado, ni pretendemos en el presente relacionarle con hechos de esta naturaleza, pues para hacerlo, tendrían que existir indicios sobre la persona del Gobernador que, en lo que a nosotros concierne, NO tenemos conocimiento que existan».
Asimismo, «si en un contexto relacionado a informaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, mencionamos al gobernador, Rafael Lacava, en ruedas de prensa, entrevistas y publicaciones digitales, aclaramos que no fue ni es nuestro propósito ponerle personalmente en tela de juicio»
«Ni señalarle de forma específica, ni sentenciarle en lo particular. Si por nuestros pronunciamientos pasados ha sido interpretado que pretendimos ponerle en tela de juicio, sentenciarle, nos retractamos hoy de tales señalamientos».
Reiteramos que responsabilizar personalmente a cualquier individuo de situaciones tan delicadas correspondería a las instancias competentes, garantizando el debido proceso. Nuestra motivación es visibilizar el clamor de justicia de numerosas familias, y que toda muerte violenta sea revisada con
«Reiteramos ante la opinión pública que no tuvimos ni tenemos motivo, fundamento, interés particular o prueba alguna para afirmar o sugerir que el Gobernador Lacava haya tenido responsabilidad o relación con los hechos que mencionamos en nuestro informe: Lupa por la Vida de 2021, ni con los sucesos mencionados en entrevistas, ni en publicaciones digitales, es decir, con presuntas ejecuciones extrajudiciales en Carabobo».
