Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en rechazo a la ley sobre terrorismo auspiciada por la administración de Nicolás Maduro que obliga a las ONG a divulgar quienes son sus beneficiarios.
«Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben el presente pronunciamiento manifestamos nuestro categórico y definitivo rechazo a la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021, por constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano», reza parte del pronunciamiento.
«Exigimos su derogación inmediata y el cese, por completo, de las políticas de criminalización y persecución», dijeron 663 organizaciones, entre ellas la sección para Venezuela de Transparencia Internacional, en un comunicado conjunto.
Las organizaciones reaccionaron de esta manera a la Providencia Administrativa 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en la que tendrán que apuntarse antes del 1 de mayo.
El pasado 15 de abril, varias ONG y defensores de los derechos humanos en Venezuela pidieron a la Defensoría del Pueblo que emita medidas que garanticen el trabajo humanitario en el país.
Entonces, las ONG dijeron en una carta que sufren la persecución del Gobierno mientras trabajan para paliar la «emergencia humanitaria compleja» que atraviesa Venezuela.
En esa misiva, según nota publicada en 0800 Noticias, los defensores de los derechos humanos señalaron que durante 2020 hubo más de 300 hechos «que comprometieron la integridad y el trabajo» humanitario en el país.
