La comisión legislativa revisora de la Acusación Constitucional contra Sebastián Piñera rechazó hoy con dos votos a favor, dos en contra y una abstención la destitución del presidente Sebastián Piñera, proceso que inició a raíz de la investigación de los Papeles de Pandora que lo vinculó con la millonaria venta de una empresa minera a través de operaciones en guaridas fiscales.
El trámite parlamentario continuará el próximo lunes con una sesión plenaria en la Cámara de Diputados en la que la oposición ya contaba con los 78 votos necesarios para recomendar la destitución al Senado, órgano que tiene la última palabra.
Sin embargo, el debate en Diputados ahora está envuelto en la incertidumbre porque por lo menos tres legisladores no podrán acudir debido a que están cumpliendo cuarentena por haber tenido contacto estrechos con pacientes de coronavirus.
Entre ellos se encuentra Gabriel Boric, el diputado y candidato de la alianza izquierdista Apruebo Dignidad que encabeza las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre y que ya anticipó su voto a favor del juicio político contra el presidente.
El reglamento obliga a que la votación sea presencial, por lo cual una de las opciones que se barajan es que la sesión se alargue durante dos días para que el martes puedan participar los diputados que están aislados.
La sombra de una posible destitución de Piñera mantiene al país en una crisis política, ya que el debate parlamentario se lleva a cabo en la recta final de las campañas presidenciales y a solo cuatro meses de que el presidente termine su Gobierno.
La acusación
Los Papeles de Pandora, la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló a principios de octubre que Carlos Delano, uno de los empresarios más acaudalados de Chile y amigo de Piñera, compró en 2010 Minera Dominga, una firma en la que la familia presidencial tenía mayoría de acciones. El pago fue de 152 millones de dólares en tres cuotas a través de una guarida fiscal, las Islas Vírgenes Británicas.
La última cuota dependía de que el Gobierno que encabezaba Piñera no aplicara cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, lo que efectivamente cumplió. Esta medida implicaría, por lo menos, un grave conflicto de intereses, ya que permitió que los inversionistas, incluyendo a la familia del mandatario, obtuvieran una ganancia del 1.000 % en 18 meses.
El escándalo fue inmediato, pero desde el primer día Piñera se declaró inocente de cualquier delito y aseguró que así ya lo había reconocido la justicia chilena en una investigación realizada en 2017. El problema es que en esa causa judicial no se mencionó la condición impuesta para que el Gobierno no interviniera para impedir la operación de la mina.
Tomado de RT
