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Observatorio del Acuerdo de Barbados denuncia violación del plazo para habilitar a aspirantes a la presidencia

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El Observatorio del Acuerdo de Barbados denuncia la violación del plazo para habilitar a los aspirantes a la presidencia de la República

El procedimiento anunciado para la revisión de las “medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República”, no restablece las condiciones de integridad electoral en Venezuela, informó Ana Julia Jatar, vocera del Observatorio del Acuerdo de Barbados, OAB.

En un comunicado, el OAB recordó que el Acuerdo de Barbados, suscrito entre representantes del gobierno de Maduro y de la Plataforma Unitaria, el pasado 17 de octubre de 2023, reconoce el derecho de todos los actores políticos a seleccionar libremente su candidato para la elección presidencial de 2024, sin embargo, el gobierno de Maduro no ha cumplido con este compromiso.

El procedimiento que se ha anunciado para revisar las medidas de inhabilitación se limita a ratificar una opción ya existente, la cual ha demostrado ser ineficaz: cualquier persona interesada puede solicitar la anulación de las resoluciones de inhabilitación administrativa adoptadas por el Contralor General, ante la Sala Político-Administrativa; sin embargo, hasta la fecha, no existe ningún precedente en el cual esta Sala haya brindado una respuesta judicial oportuna y favorable a los derechos políticos.


Añade Jatar que el procedimiento condiciona el ejercicio de esta acción a situaciones que no están contempladas en el ordenamiento jurídico venezolano, como, por ejemplo, «cumplir con el deber de honrar y defender a la patria». Esta restricción ilegítima hace más inefectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 26 de la Constitución.


Es evidente que el procedimiento no ofrece una solución clara y expedita a la manipulación abusiva de las inhabilitaciones administrativas, como instrumentos de persecución política. De acuerdo con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1° de septiembre de 2011, como fue el caso de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, y del 8 de julio de 2020, como fue el caso Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, las inhabilitaciones administrativas, sean legales o no, no pueden impedir el ejercicio del derecho humano a participar en elecciones.

           
En resumen, al proponer la aplicación de un procedimiento judicial ineficaz ante el Tribunal Supremo de Justicia -que bien se sabe carece de autonomía, explicó Jatar- este procedimiento se aparta del contenido y espíritu del Acuerdo de Barbados. Tampoco cumple con las condiciones establecidas por el Departamento de Estado, en su comunicado del 18 de octubre de 2023, al no establecer un cronograma y procedimientos específicos para la expedita habilitación, que permita la libre participación de todos los candidatos.

Para el OAB -concluye Ana Julia Jatar- la violación del Acuerdo en referencia es una «alerta temprana» que debe llevar a los países signatarios de la Declaración de Bogotá, y en especial, al Gobierno de Estados Unidos, a ejercer todos los medios de presión diplomática necesaria, para acompañar el esfuerzo del pueblo venezolano por expresarse, libremente, en las elecciones presidenciales del 2024.

Nota de prensa

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