El fiscal General de la República de Venezuela, Tarek William Saab, informó este sábado, que ayer viernes 30 de abril fue entregado un nuevo informe que complementa nuestra respuesta a todos los requerimientos realizados por la fiscalía de la Corte Penal Internacional en un escrito fechado el 2 de octubre de 2020, y que algunas instancias han querido insivibilizar.
Indicó que en tres años y ocho meses se han imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos.
Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares.
Por otro lado, han sido acusados un total de 1.064 funcionarios y 136 civiles y se han logrado 153 condenas. Hay algunos casos emblemáticos que quiero destacar como el caso de la muerte del concejal Fernando Albán
En su momento se imputó el delito de quebrantamiento de normas de custodia. El Ministerio Público solicitó la nulidad por observar violaciones de garantías constitucionales. Y siendo acordada dichas nulidades por el tribunal, la causa se retrotrajo hasta la fase de investigación
Agregó que posteriormente el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del SEBIN que lo custodiaban, por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido
Como recordarán en este caso hubo una decisión del TSJ en octubre de 2020, que ordenó una nueva investigación sobre las circunstancias de su muerte
Recordó que el 22Oct 2020, se celebró una nueva audiencia de imputación contra 2 funcionarios de la DGCIM por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura. El pasado #13Nov 2020, se presentó el correspondiente escrito acusatorio.
Pernalete falleció al recibir un golpe de una bomba lacrimógena
Indicó el fiscal, que en el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.
Por último, señaló que la Corte Penal Internacional tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma
En otras palabras, esta instancia interviene cuando los posibles casos que puedan entrar dentro de su competencia, no han sido investigados por el sistema de justicia de un estado parte.
En el tiempo que tenemos al frente del Ministerio Público, ha quedado claro nuestro compromiso por investigar cada violación a los derechos humanos que puedan haber cometido funcionarios de seguridad del Estado.