Un grupo de trabajadores de la transnacional ALPLA en Carabobo solicitó al mandatario Nicolás Maduro; al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y al ministro José Rivero, la incorporación a sus puestos.
De acuerdo al personal, el 10 de agosto del 2019, fueron despedidas más de 90 personas sin ningún procedimiento legal o calificación.
“Fuimos retirados de manera ilegal bajo el argumento que la producción había disminuido, por efectos de paralización de algunas líneas. Pero nosotros tenemos pruebas que la manufactura continuó a su ritmo normal».
Destacaron que la empresa compró repuestos por millones de dólares para mejoramiento de las mismas.
Los cesanteados manifestaron que la disminución de personal no fue aprobada por los organismos competentes.
“La empresa está al margen de la Constitución Nacional y las leyes. La gerencia ha expresado públicamente que los reenganches no se ejecutarán, así Maduro lo ordene».
Los trabajadores denunciaron que un compañero lo golpearon y obligaron a renunciar.
«Desde 2019 estamos luchando por el reconocimiento de nuestro derecho al trabajo, el reenganche y el pago de nuestras prestaciones».
Empresa ubicada en 45 países
El personal aseguró que esta compañía a transnacional está ubicada en 45 países. La empresa el año pasado obtuvo ganancias cercanas a los 4 mil millones de dólares. “Este dinero lo generamos nosotros con nuestro trabajo”.
Relataron que les suspendieron el seguro social, el beneficio de útiles escolares.
“Se han negado cancelar nuestros pasivos laborales. Hay familiares de los trabajadores enfermos y en situación precaria porque no tienen recursos para atenderlos, situación similar se observa en aquellos que tienen niños con diversidad funcional”.
Actuación de la Inspectoría de Guacara
Igualmente, denunciaron que el personal de la Inspectoría de Guacara no ha hecho nada para que se resuelva este caso.
«Existe una a operación morrocoy aplicada a las Providencias Administrativas, con el objetivo de generar frustración en la masa laboral”.
A la fecha hay 42 trabajadores amparados en este organismo y en los tribunales.
Cabe señalar, que la defensa de este caso lo lleva el abogado, José Mendoza.
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