Luego de realizar un exhaustivo monitoreo de la situación, la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad determinó que las condiciones de salud de los privados de libertad que se encuentran en los centros de detención preventiva del Distrito Capital y los estados Vargas, Miranda, Nueva Esparta y Zulia se deteriora acelerada e irreversiblemente.
A través de sus más recientes informes, la organización reveló que, dado el nivel de hacinamiento y el deterioro estructural de estos lugares, los casos de enfermedades infecto-contagiosas, como tuberculosis y paludismo, se han disparado de manera alarmante.
“Los centros de detención preventiva son lugares que no cuentan con espacios adecuados, baños, agua potable, presupuesto para alimentación, consultorios médicos, ni transporte, por lo tanto el hacinamiento hace estragos y acelera las enfermedades virales e infectocontagiosas”, explicó Carlos Nieto Palma, Coordinador general de UVL.
La organización analizó, además, el impacto que ha causado en la salud de los internos el estado de alarma y la medida de cuarentena que se decretó a consecuencia de la Pandemia del coronavirus: aumento de casos de desnutrición severa e imposibilidad de realizar operativos médicos que permitan diagnosticar y tratar casos de VIH/SIDA, tuberculosis, malaria, escabiosis, paludismo y otras enfermedades infecto-contagiosas y virales.
“Han aumentado las dificultades para que familiares de los privados de libertad puedan suministrarles alimentos, agua, productos de aseo personal y medicinas, es por esa razón que las enfermedades infecciosas y la desnutrición se han disparado aceleradamente”, indicó Nieto Palma.
El documento, denominado “Privados de libertad de centros de detención preventiva de Distrito Capital, Miranda y Vargas padecen deterioro progresivo de garantías para el derecho a la salud”, revela los hallazgos encontrados entre mayo y octubre de 2020.
Caracas: Mercado negro de medicamentos
La investigación realizada en los 26 centros de detención preventiva ubicados en el Distrito Capital revela, entre otras cosas, que 171 internos padecen de desnutrición severa, 150 tienen tuberculosis y uno está contagiado de VIH/SIDA.
UVL lamenta la inexistencia de cifras oficiales sobre casos de COVID-19 y otras enfermedades como diabetes, escabiosis, abscesos cutáneos y que a la luz de esta dramática situación exista “un mercado negro” de medicamentos para la tuberculosis.
“Entre mayo y octubre de 2020, tres privados de libertad recluidos en comisarías policiales de Distrito Capital murieron de tuberculosis y uno murió electrocutado al intentar enchufar una cocina eléctrica.
“Los tres hombres que tenían tuberculosis también estaban desnutridos y uno de ellos presentó signos de haber sido golpeado”, explicó Carlos Nieto Palma.
Los centros de detención preventiva situados en la Caracas tienen capacidad para albergar 1.009 hombres y mujeres.
Hasta noviembre de 2020 UVL contabilizó que en estos lugares había 3.072 privados de libertad, es decir, que el hacinamiento alcanza un 304% de hacinamiento.
En Miranda no hay atención médica
Los hallazgos encontrados en el estado Miranda no pueden ser más alarmantes: Ningún caso de enfermedad crónica, contagiosa o viral recibe tratamiento médico adecuado en esta entidad federal del país.
De acuerdo a la investigación realizada, 162 internos padecen de desnutrición severa, 41 tienen tuberculosis, 6 presentaron contagio de COVID-19 y uno padece de VIH/SIDA.
“Entre los meses de mayo y octubre de 2020, ocho privados de libertad murieron por causas relacionadas a tuberculosis, COVID-10 y problemas coronarios”, reveló la investigación.
En el estado Miranda existen 30 centros de detención preventiva que tienen capacidad para albergar a 961 personas.
“Hasta noviembre de 2020 en estos retenes policiales habían 1.728 detenidos, esto se traduce en un hacinamiento del 120%”, dijo Nieto Palma.
Las enfermedades de la piel, como la escabiosis, se presentan con mucha frecuencia porque en los retenes policiales no hay agua para bañarse y los familiares no pueden costear la adquisición de productos de aseo personal.
“Para colmo los privados de libertad deben dormir unos encima de otros y conviven con las heces fecales y la orina que producen a diario”, destacó el abogado Carlos Nieto Palma.
8 privados de libertad con VIH/SIDA en Vargas
El estado Vargas no escapa de la dramática situación carcelaria: 8 privados de libertad presentan VIH/SIDA, no tienen tratamiento adecuado y tampoco han sido aislados porque en las comisarias de esa entidad no existe un lugar especial para ellos.
En el Litoral Central hay 195 privados de libertad con desnutrición, 8 con VIH/SIDA y una cantidad indeterminada con tuberculosis y COVID-19.
En el estado Vargas solo existen 5 centros de detención preventiva.
En este territorio no existen cárceles por lo tanto quien incurre en un delito común pasa años en estos lugares, a menos que sea trasladado a una cárcel del estado Miranda, ya suficientemente hacinada.
Estos lugares tienen capacidad para albergar a 180 personas, pero hasta el mes de noviembre de 2020 se contabilizaron 505 internos. El hacinamiento se calcula en 195%.
Durante el período señalado, un privado libertad que padecía de esquizofrenia murió al lanzarse del piso 3 del CICPC.
Los privados de libertad con este tipo de patologías mentales tampoco reciben tratamiento médico ni son aislados del resto de la población penal.
Zulia: 77 fallecidos en solo dos meses
De acuerdo a un informe elaborado por Una Ventana a la Libertad, un total de 77 privados de libertad que se encontraban recluidos en los centros de detención preventiva del estado Zulia murieron a consecuencia de tuberculosis, VIH/SIDA, desnutrición y COVID-19
El documento indica que los decesos se registraron durante los meses de octubre y noviembre del año 2020.
“Cuarenta y ocho murieron de tuberculosis, 6 por desnutrición, 2 por VIH/SIDA, 2 por COVID-19 y otros 19 fallecieron por distintas causas relacionadas a la salud, entre ellas, paros respiratorios e infartos”, señala la investigación.
Carlos Nieto Palma, Coordinador general de UVL, indicó que, a juzgar por lo informado por los funcionarios policiales, la mencionada cifra podría ser mayor debido a que los familiares de los detenidos ya no pueden acudir a las visitas, por ende éstos no reciben alimentos ni medicinas.
“Las visitas se han reducido a un 60 por ciento debido a las medidas de distanciamiento social, el alto costo de la vida, la falta de transporte público y el dinero en efectivo”, explicó el abogado.
La investigación revela que tampoco existe una valoración médica que permita conocer con exactitud la pérdida de peso que han sufrido los privados de libertad de la región zuliana.
“Otra patología que no ha sido reconocida públicamente por las autoridades regionales es la presencia de detenidos con COVID-19 en los centros de detención preventiva. A Una Ventana a la Libertad se le informó sobre la existencia de 21 reclusos aislados por coronavirus”, indica el informe.
En el estado Zulia los casos más crónicos se encuentran en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas y San Carlos. En este lugar se ha registrado el mayor número de fallecimientos por tuberculosis.
Dos de los fallecidos fueron envueltos en sábanas viejas y colocados, por sus propios compañeros de celda, en plena calle. La drástica medida se lleva a cabo para que las autoridades hagan “el levantamiento” en el menor tiempo posible.
“Cada retén contaba, hasta hace un par de años, con un área de enfermería y la asignación, a través de la gubernamental Misión Barrio Adentro, de un médico y dos enfermeras. Los profesionales de la salud disminuyeron sus horas de trabajo y de permanencia en el lugar y luego desaparecieron”, indica el informe.
En el estado Zulia existen 29 centros de detención preventiva con capacidad para albergar a 980 hombres y mujeres.
Hasta noviembre de 2020 estos lugares albergaban a 4.512 personas. La situación eleva el hacinamiento a la cifra de 460,41%.
El referido informe, titulado “Radiografía de la salud en los centros de detención preventiva de los estados Nueva Esparta y Zulia: Falta de planes y atención en materia de salud deja a privados de libertad en situación de vulnerabilidad” es parte del proyecto “Monitoreo y jornadas de salud en centros de detención preventiva” que viene desarrollando UVL desde el año 2019.
“Se revisó la situación de salud de los privados de libertad en 29 centros de detención preventiva del estado Zulia, que albergan a 4.512 internos y 22 centros del estado Nueva Esparta que tiene 1.629 privados de libertad”, indica el documento.
Nueva Esparta: Depósitos de seres humanos
“En el estado Nueva Esparta, los servicios de salud para los privados de libertad son inexistentes”.
La afirmación se desprende de la investigación realizada en los 22 centros de detención preventiva que existen en esa zona insular del país.
Cabe recordar que los primeros 36 casos de COVID-19 en privados de libertad se registraron en este estado. Se cree que a pesar de las restricciones, la corrupción permitió el ingreso de personas a estos lugares y así fue como los internos se contagiaron.
La situación fue controlada a tiempo, pero con frecuencia los familiares de los privados de libertad piden que se realicen jornadas de desinfección y pruebas rápidas PCR.
El hacinamiento en los centros de detención preventiva de Nueva Esparta alcanza la cifra de 321,64%. En esta zona existen 22 centros de detención preventiva con capacidad para 552 personas, pero en realidad hay 1.629.
UVL maneja una cifra estimada de que el 90% de estos internos presenta desnutrición severa, 35 tienen tuberculosis, no hay información oficial sobre casos de VIH/SIDA y hasta la fecha 87 han resultados contagiados con COVID-19.
“Un privado de libertad que estaba contagiado de COVID-19 falleció durante un motín. Los familiares consideran que estos lugares son depósitos de seres humanos”, indica el documento.
— Una Ventana a la Libertad