Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, informó que esta organización en alianza con Provea, la Asociación de Jubilados de Asturias y Valencia en España, iniciaron ante la OEA, ONU y la Unión Europea gestiones jurídicas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Explicó que dieron este paso debido a varios factores, entre ellos que el Ejecutivo nacional tiene cinco años que no deposita a las personas de la tercera edad que viven en el extranjero.
El segundo motivo fue la transferencia a los adultos mayores que habitan en Venezuela un millón 200 mil bolívares. Cantidad irrisoria que les impide adquirir alimentos y medicinas.
“Lo que están haciendo es un delito de lesa humanidad. Así está calificado en el artículo 7.2 del Estatuto de Roma, denominado exterminio”.
Silva dijo que otra de las razón que los motivó acudir a estos organismos, fue la falta de respuesta del Ejecutivo a las peticiones del sector.
“Nos dirigimos a la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet. Allí entregamos un escrito extenso con varios anexos, en el cual se especifica este drama».
Relató que también acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y ante el secretario, Luis Almagro.
La denuncia también fue enviada a la Unión Europea y a la Organización Internacional de Trabajadores (OIT).
Este último a propósito de la violación de los convenios internacionales en los que se establece los montos de las pensiones. Estos deben ser el equivalente al alto costo de la vida de cada país.
“En Venezuela se incumple con el artículo 91 de la Constitución. Este estipula que el salario debe ser de acuerdo al valor de la canasta básica y progresivamente ajustados”.
Demandarán al gobierno en tribunales nacionales
Anunció que iniciarán también una demanda contra el gobierno en los tribunales venezolanos.
“Estamos en la definición del equipo jurídico para establecer si acudiremos al Tribunal Supremo de Justicia o a un tribunal de servicio”.
Recordó que son cerca de cinco millones de pensionados y jubilados que están pasando por una dramática situación. Este sector ha perdido progresivamente su poder adquisitivo.
“El gobierno con su política de pago de pensiones está condenando a la muerte a miles de personas en el país”.
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