El señor Pedro Núñez tiene más de dos años esperando una respuesta de parte de la Fiscalía sobre su caso en contra de Proagro.
El ciudadano interpuso una demanda contra el presidente de la planta ubicada en Montalbán estado Carabobo, por no cancelarle 150 mil dólares que le adeuda.
Relató que en 2017 prestaba el servicio de comedor tanto a la sede de dicho municipio como la que se encuentra en Valencia, a través de su compañía Inversiones Alimenticias la Excelencia 2012. La autoridad de ese entonces no le pagó por su trabajo.
Desde que realizó la denuncia han botado a dos fiscales en Carabobo. El caso ahora se encuentra en Caracas en la Fiscalía 24.
Núñez relató que ha realizado varias huelgas de hambre para exigir una respuesta a su caso. “Indagando pude comprobar que el presidente de aquel entonces estaba desfalcando al Estado venezolano. Le robó más de 20 millones de dólares en comida”.
Señaló que el actual dueño de esta planta de productos alimenticios debería sumarse a su denuncia para que la persona que cometió este delito pague. Igualmente, tiene que honrarle la cantidad que le adeudan y regresarle los bienes que le quitaron.
“Quiero entregarle al fiscal Tarek William Saab un documento, el cual está mejor desglosado y aparecen los nombres de las seis personas involucradas en este hecho”.
Cómo lo sacaron
Mencionó que el presidente de Proagro, de aquel entonces y miembros de la directiva, lo llamaron para informarle que no tenían el dinero, que debía renunciar al comedor de la planta de Montalbán y que le cancelarían en un interín. Además, le ofrecieron continuar en las instalaciones ubicadas en Valencia.
Asimismo, le pidieron apagar el celular y no presentarse en la empresa, la cual había sido tomada por los trabajadores, quienes iniciaron una protesta porque estaba cerrado el comedor.
Rechazando este último petitorio se presentó e informó a los funcionarios que estaban intermediando con el personal, que la compañía tenía una deuda con él. Propuso que le cancelarán con productos a un monto accesible para saldar sus compromisos con los proveedores, pero lo botaron al día siguiente a través de un comunicado enviado por correo.
“El presidente de Proagro de ese año no se hizo responsable de la deuda y me desvalijaron un carro. Además, me prohibieron la entrada a la compañía. Después de eso siguieron laborando con mi personal y facturando a mi nombre”.
Después le informaron que su sistema había sido defraudado para hacer ver que le facturaron 300 mil kilos de pollo en un mes. De esta forma quedaba saldada la deuda. “No me pagaron, pero tengo todas esas pruebas que voy a mostrar al Fiscal si me atiende”.
