(Por: Rubén Limas)
Transcurría tranquilamente el desarrollo del trabajo discursivo de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación en sus dos únicos puntos de la propuesta del orden del día de hoy, hasta que en puntos varios, se volvió a tocar el de la salud, y se reavivó el debate.
Ley Orgánica de Salud, atención pre hospitalaria, clínicas privadas, seguros privados de salud y sus verdaderos responsables.
Entendiendo la completa normalidad que pueda imprimirle la dinámica parlamentaria, en la cual la mayoría es oficialista, no pensaba hacer mayor esfuerzo en el debate
de los ya trillados temas de salud, que aún a mi juicio no tienen respuesta acertada por el gobierno de Nicolás Maduro.
Pero fue justamente la intervención de un diputado oficialista, la que me animó a reincidir en el debate del rescate de la salud pública en Venezuela. Nuestro acucioso
parlamentario señalaba, que no tendríamos necesidad de acudir al sector privado en salud, sí nuestro sistema público diera respuestas eficientes a nuestros pacientes – palabras más o palabras menos quizás – lo cierto es que tomé la palabra, para señalar primero: Que la tan cacareada Ley Orgánica de Salud y su reforma, sigue paralizada. Pareciera tener un «freno de mano» o mejor dije un «freno de gandola», ya que los múltiples intereses que hay en el sector salud público no dejan un libre desenvolvimiento a su finiquito, para su aprobación por la cámara legislativa
nacional.
Pareciera acertado pensar, que frente a la multiplicidad de rectores de la salud que existen en Venezuela y la omnipotente crisis en este sector, lo correcto es que esta
ley ya tuviese en por lo menos su segunda discusión. Sin embargo eso no es así, y esta Ley aún espera por nosotros.
El segundo punto que puse de relieve, fue estar de acuerdo con lo que señalaba el diputado Miguel Pérez Abad, algo también señalado por mí, múltiples veces. «Sí tuviésemos un sistema público de salud fortalecido y competente, para nada tendríamos que ocuparnos del sistema privado y sus posibles desviaciones – haciendo hincapié que no a todos debemos meterlos en el mismo saco- , esto en razón de la
insistencia de crear una superintendencia de salud en el sector privado que supervise las cosas que allí puedan estar sucediendo. Ojo, no estoy de acuerdo con las injusticias, ni los abusos que se puedan cometer, pero pretenden señalar culpable a un sector como lo es el privado, de la crisis de salud, es sin duda un despropósito.
Señalé en mi intervención por ejemplo, sí se reactivarán ambulatorios y CDI en todo el país, ello permitiría descongestionar nuestros hospitales hasta en un 80% , y ello redundaría en mejor asistencia medica hospitalaria.
Pero lo que ocurre en la realidad, es que ninguno o casi ninguno funcionan. No hay los equipos básicos para una mínima atención médica. Por ejemplo no hay: estetoscopio, tensiómetro, termómetro, o nebulizador. Fíjense que no estoy hablando de equipos médicos sofisticados ni complejos, estoy hablando de lo básico que debería existir.
En mis recorridos por distintos sectores de Valencia en la pasada campaña electoral, pude una vez más constatar la falta de insumos y equipos médicos. Se hizo usual que los vecinos nos pidieran, esos equipos arriba mencionados, como colaboración para la comunidad. Nos decían «¿ustedes podrán colaborar con un tensiómetro o nebulizador ya que en el ambulatorio cercano no hay?» Esta petición fue común en muchas partes. Entonces es allí el meollo del asunto que debería ocuparnos. En un momento
de la discusión, otro diputado – también oficialista – decía: que las carencias se debían a las sanciones.
Aquí en este último punto, no podemos olvidar, que las sanciones llegaron hacen algunos años atrás, 2016, y ya para esta fecha había una crisis, por la falta de
mantenimiento de la infraestructura, el bajo presupuesto asignado a los hospitales, y la corrupción. No podemos olvidar que no se publicaba – como tampoco se hace hoy en día- el Boletín Epidemiológico, y que fue precisamente ese año que la Ministra de Salud de Turno de aquel entonces lo hizo, y por ello fue destituida, cuando le mostró al país los índices alarmantes que había.
El gobierno tiene que asumir su «mea culpa» en todo esto y dejarse ayudar, en principio por la Asamblea Nacional, propiciando la culminación de la Ley Orgánica de Salud, y no impidiendo la supervisión de nuestros hospitales y ambulatorios, para que desde la denuncia y la critica se puedan resolver los graves problemas que hoy afrontan. Para de esta manera ayudar al único que esta pagando las consecuencias, que es nuestra gente humilde, que no tiene como ir a una clínica privada, ni tampoco costear la larga lista de insumos y medicamentos que hoy se le piden en los hospitales.