Los venezolanos se enfrentan a un muro de visados para emigrar

El pasaporte de los venezolanos se ha estrechado. Además de Perú, Ecuador, Chile, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador, Trinidad y Tobago, ahora las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Bonaire también pedirán visado a los venezolanos.

Son ya 11 los territorios latinoamericanos que en los últimos dos años han puesto restricciones a los ciudadanos del país sudamericano, donde la profunda crisis política, económica y social, que se agudiza tras dos años de hiperinflación y un reciente paquete de sanciones de Estados Unidos, está forzando una migración sin precedentes que ya alcanza los 4,5 millones de personas.

La crisis económica que viven los venezolanos hace casi prohibitivo salir de sus fronteras. Un billete de avión puede costar 25 años de salario de un profesor universitario y los visados que ahora están exigiendo Chile, Perú y Ecuador implican un gasto de entre 20 y 100 dólares en un país en el que el salario mínima no llega a dos dólares al mes.

Además, las trabas que impone el propio Gobierno, con una administración pública corrupta, impide que la mayoría pueda obtener sus documentos de forma legal y expedita, sin pagar sobornos. Esto está empujando una migración sin papeles, que tiene una peligrosa consecuencia en el aumento de la trata de personas.

Hace apenas cinco años el pasaporte venezolano estaba entre los 25 más aceptados en el mundo. Ahora empieza a quedarse atrás. Es el camino a la inversa que ha recorrido el documento de los colombianos que hasta 2010 era aceptado sin necesidad de un visado solo en 25 países y a raíz de la supresión de la visa para el espacio Schengen en 2015 se les abrió Europa y otros territorios.

Pero en Venezuela, conforme ha ido creciendo la crisis humanitaria y con ella el flujo migratorio, las restricciones para entrar a otros países han aumentado.

La exigencia de tener un visado para entrar a numerosos países latinoamericanos puede complicar la situación en Colombia, que no exige este documento para atravesar su frontera, según alerta  la investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Legia Bolívar. Además señala que el éxodo acabará desviándose hacia Argentina, Uruguay o Paraguay, a través de Brasil.

A los nuevos visados, se suman las denuncias de los migrantes que han llegado recientemente a México. Aseguran que unos 500 han sido retenidos durante días en las terminales aéreas sin ninguna justificación legal. También preocupan las expresiones de xenofobia en países como Perú donde una parlamentaria llegó a pedir durante un pleno que se expulsara a todos los venezolanos “buenos o malos” del país.

Naciones Unidas ha pedido que se consideren refugiados a los migrantes venezolanos. Se calcula que emigran 150.000 al mes, según la Organización de Estados Americanos. Una cifra 10 veces superior a los 15.000 venezolanos que asegura el régimen de Nicolás Maduro que han regresado desde 2018 con el Plan Vuelta a la Patria, la medida con la que ha intentado revertir el éxodo que ha provocado la crisis en el país.

“A nivel normativo hay más restricciones y requisitos. Y el otro tipo de obstáculos tiene que ver con la criminalización de los venezolanos, a veces auspiciada por las autoridades, que está estimulando la xenofobia y los maltratos en puestos migratorios.

En Perú, autoridades locales e incluso ministros han llamado a los venezolanos indeseables. Se están haciendo deportaciones en caliente (unas 400 en Perú y al menos 80 en Trinidad y Tobago), se hacen redadas y se les suben en un autobús y luego en un avión sin procedimiento e incluso tenemos denuncias en la frontera de Chile de que se les está negando el acceso a los formularios para las solicitudes de refugio”.

(Con información de El País)

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