(Por: Rubén Limas)
El 5 de enero 2022, de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 194 y el Reglamento Interior y de Debates en sus artículos 2 y 7, se instaló la legal y legítima Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre 2020.
Legal porque fue producto de una elección contemplada en el marco jurídico vigente nacional, y legítima porque fue con el voto soberano del pueblo. La abstención a pesar de ser un adversario de la democracia en el mundo, no deslegitima ningún proceso comicial, y en el caso nuestro tampoco lo hace.
Este Poder Legislativo hoy tiene mayoría oficialista, por ese error histórico de la abstención de las elecciones parlamentarias 2020. Es el poder que legisla, controla y audita el resto de los poderes públicos en Venezuela. Produce leyes, y éstas una vez sancionadas por el Poder Ejecutivo, son de obligatorio cumplimiento en el país.
Usted amigo lector, por ejemplo, no puede decir que como se abstuvo de votar, no cumple con alguna de las leyes aprobadas por esta Asamblea Nacional. Así que cualquier otro adefesio, como la fulana Delegada de la anterior Asamblea Nacional 2015- 2020, es meramente irreal y anti constitucional. No se puede combatir a este gobierno de una manera distinta a lo que establece la constitución y las leyes. El ejemplo de Barinas, nos deja claro que la ruta es electoral, como lo venimos señalando.
En el seno de la instalación hicimos un planteamiento para integrar la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el período constitucional 2022 – 2023, distinta a la propuesta oficialista, en nuestro legítimo derecho a proponer, a representar la Junta Directiva y a la representación de las minorías. La propuesta fue hecha por parte de los colegas diputados Luis Parra proponente y José Gregorio Correa defensor de la propuesta, en la convicción de una genuina representación en esa Junta Directiva, que represente a la minoría de este parlamento.
Lamentablemente como ya lo mencioné arriba, la mayoría oficialista aplanadora se impuso y se aprobó la propuesta del gobierno.
Para que exista un verdadero ambiente de armonía, diálogo y entendimiento, las mayorías deben saber, que ese principio de “las minorías” no es simple letra muerta, es un elemento fundamental de la democracia. En un escenario donde se aspire enviarle un mensaje al país y al mundo de la existencia de democracia, las mayorías deben darle espacio a las minorías y especialmente cuando esa mayoría ( la oficialista ) es franca minoría en las calles de Venezuela. Solo el hecho de haber perdido entre la elección parlamentaria del 2020 y las regionales 2021 un aproximado de 700 mil votos, habla de una realidad de descontento y pérdida de apoyo popular, que con una interpretación correcta debería llamar a esa mayoría parlamentaria a la reflexión.
Sin embargo, no ocurre así, a mi juicio por una miopía esquiva de la realidad latente. Nos queda a quienes formamos parte de esta minoría seguir bregando los cambios que se deben dar en el país, especialmente en la producción de leyes en el área económica y social, que ayuden a mejorar el poder adquisitivo del venezolano y supere la actual situación que a diario se padece en las calles. No nos damos por vencido, a pesar de la clara diferencia numérica, Venezuela espera que este parlamento legisle y resuelva los problemas del país. Este año será interesante y propicio para crecer a pesar del propio gobierno. Sabemos que un sector de él, ha comprendido que es la economía lo primero a rescatar, no es posible implementar programas sociales a los más necesitados, si no hay un relanzamiento del aparato productivo y la inversión en el país. Para que ello ocurra, debe haber respeto y reconocimiento a todos los sectores del país, los cuales según la versión oficial son minorías. Regla fundamental de la democracia.
Transitamos la ruta correcta, la cual no es otra que la electoral.
