domingo, abril 11, 2021

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Las autoridades de la provincia argentina de Formosa hostigan a periodistas

Desde abril de 2020, las autoridades de la norteña provincia argentina de Formosa han hostigado a periodistas que cubren la respuesta del Gobierno provincial ante la pandemia de la COVID-19, y han recurrido a la intimidación, las detenciones de corta duración y las campañas de descrédito, según periodistas que declararon al CPJ, un comunicado del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y versiones periodísticas.

El 21 de abril de 2020, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, un ente gubernamental presidido por el gobernador Gildo Insfrán, impuso estrictos requisitos para el ingreso a la provincia que obligan a los periodistas a obtener un pase especial y pasar como mínimo dos semanas en uno de los centros de cuarentena de la provincia, incluso si han dado negativos en la prueba del coronavirus, según informaciones de prensa.

Los periodistas, quienes están clasificados como trabajadores esenciales, podían ingresar y abandonar libremente otras provincias, de acuerdo con las fuentes citadas. En julio de 2020, el presidente Alberto Fernández emitió un decreto que exceptuaba al personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio, siempre y cuando tuvieran un certificado de circulación emitido por el Gobierno federal.

Las restricciones de la provincia de Formosa siguieron en vigor a pesar del mencionado decreto, y alcanzaron una amplia difusión cuando la periodista Inés Beato Vassolo publicó un reportaje en el diario nacional La Nación, titulado “Prohibido informar desde Formosa, donde las leyes no rigen”, el 7 de febrero de 2021. En el reportaje, la periodista apuntó que le habían prohibido la entrada a Formosa porque no contaba con un permiso especial exigido por la provincia.

A raíz de la publicación del reportaje, un grupo de periodistas de medios de prensa nacionales presentaron un recurso de amparo ante un juzgado federal en Formosa, mediante el cual exigían el ingreso a la provincia. El 20 de febrero, la fiscal de Estado de la Provincia de Formosa, Stella Maris Zabala, anunció que se permitiría ingresar a los periodistas sin necesidad de ponerlos en cuarentena, siempre y cuando dieran negativo en la prueba del coronavirus, según versiones periodísticas.

En los meses en que prácticamente se prohibió la presencia de periodistas de otras provincias, las autoridades provinciales hostigaron al gremio periodístico local, de acuerdo con el testimonio de deriodistas que conversaron con el CPJ.

El 19 de junio de 2020, agentes policiales de la localidad de Pirané interceptaron a Javier Orlando Pineda, reportero del medio audiovisual provincial Canal 2, cuando conducía su auto hacia su casa y lo detuvieron, según Pineda, quien conversó con el CPJ por aplicación de mensajería.

Los agentes esposaron a Pineda, le confiscaron el teléfono móvil y lo llevaron a la estación de policía local, donde lo detuvieron por unas cuatro horas. Luego le devolvieron el teléfono y lo liberaron sin formularle ningún cargo, sostuvo el periodista. Pineda agregó que los agentes nunca le mostraron una orden de arresto ni le informaron de la causa de su detención.

Pineda declaró que, tres días antes, había informado sobre una mujer que estaba hospitalizada con síntomas de coronavirus en la zona, y afirmó que pensaba que lo habían hostigado por esa cobertura.

Además, el Gobierno provincial también impuso estrictas reglas sobre las conferencias de prensa oficiales relacionadas con la COVID-19 y celebradas por funcionarios gubernamentales, quienes exigían que les entregaran de antemano las preguntas por escrito y fustigaban a los periodistas que hacían preguntas críticas, según FOPEA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el testimonio de Max Berenfeld, propietario y director del portal de noticias Cuarto Poder Diario, quien habló con el CPJ por aplicación de mensajería.

“Somos maltratados por las autoridades, muy maltratados, si hacemos preguntas que no les gustan”, Berenfeld declaró al CPJ. “Entonces desde el gobierno comenzó un operativo de persecución contra la prensa. Inicialmente era un ataque discursivo, acusaciones de ser ‘anti-patria’, de que pertenecíamos a la oposición, hasta el uso de insultos, con tal de no acreditar las denuncias públicas que hacíamos los periodistas”.

El 19 de diciembre de 2020, durante una conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, Leonardo Fernández Acosta, reportero del diario local El Comercial, preguntó por el caso de una mujer a la cual se le había impedido entrar a la provincia para cuidar a la madre enferma. El vocero del consejo, el ministro Jorge González, le respondió calificándolo de “mentiroso, muy bajo, muy ruin” y acusándolo de sacar cosas de contexto, inventar cosas, y ser parte de una “operación” para atacar al Gobierno, según versiones periodísticas.

“Me hicieron repudio en vivo y por cadena oficial y luego como sucede normalmente se utilizan los canales públicos, las redes sociales, los trolls, los medios pautados para tratar de destruirlo a uno, pulverizar la credibilidad, las amenazas, en fin, lo típico”, Fernández declaró a El Comercial. De acuerdo con la ADEPA y un comunicado de FOPEA, Fernández fue víctima del hostigamiento en las redes sociales por parte de cuentas anónimas, por cuestionar las políticas del Gobierno en relación con la pandemia de la COVID-19.

Berenfeld declaró al CPJ que el Gobierno de Insfrán “negaba la entrada de periodistas, porque las autoridades saben que los periodistas quieren entrar a Formosa para denunciar sobre los abusos que están ocurriendo aquí con sus políticas sanitarias sobre la COVID”.

Insfrán ha estado en el poder desde 1995, y es miembro de la alianza política Frente de Todos con el presidente Alberto Fernández, según informaciones de prensa. En enero, en respuesta a peticiones por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos a favor de que el gobierno federal interviniera en la situación presentada en Formosa, el presidente Fernández declaró que apoyaba al gobernador Insfrán y declinó intervenir, según versiones periodísticas.

El CPJ

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