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Inhabilitaciones y sanciones ¿dentro o fuera de acuerdos?

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La tarde del martes 17 de octubre las delegaciones negociadoras del oficialismo y la Plataforma Unitaria firmaron dos acuerdos en Barbados, como un nuevo avance de las negociaciones iniciadas en Ciudad de México el año pasado. Los acuerdos sobre «derechos políticos y garantías electorales» y la «protección de intereses vitales de la nación» contemplan 10 puntos en conjunto, como la realización de elecciones presidenciales y la defensa del territorio Esequibo, reseña un análisis del medio Tal Cual.

El acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales –el documento más largo de los dos firmados– establece de forma general el derecho de cada actor político para seleccionar su candidato y promover ante el Consejo Nacional Electoral un conjunto de garantías electorales para todos los actores de cara a las presidenciales de 2024.

Dichas garantías –resumidas en 12 puntos– pasan por el cronograma de las presidenciales, que se realizarán en el segundo semestre de 2024, así como la actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país a través de jornadas especiales, al igual que la depuración del mismo; además de garantizar todas las auditorías que requieran estos comicios; la observación internacional calificada; respeto a los candidatos durante la campaña y el reconomiento público de los resultados.

Una cuestión crucial que reclama la oposición para estas elecciones es la inhabilitación. De los candidatos que se mantienen para las primarias, donde un sector de la oposición espera escoger su abanderado para 2024, solo María Corina Machado (Vente Venezuela) está inhabilitada. De la carrera se retiraron Freddy Superlano (Voluntad Popular) y Henrique Capriles (Primero Justicia), sobre quienes pesa una medida similar.

En el caso de Machado, la última encuesta de Delphos la ubica como ganadora virtual de estos comicios, con 48,7% de apoyo entre aquellas personas dispuestas a votar el 22 de octubre. El número se duplica (88,8%) si solo se toma en cuenta a los ciudadanos con una probabilidad alta de votar. «Con esta opción es casi una decisión unánime», explicó el profesor Félix Seijas, director de la encuestadora.

Pero la situación particular de Machado y, en general, de la oposición no se resuelve con este primer acuerdo. Tan solo el punto 11 ofrece pistas sobre lo que puede venir: «Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los prinicipios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».

Gerardo Blyde, jefe negociador de la Plataforma Unitaria, aseguró que estos acuerdos representan «una ruta para que los inhabilitados y partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad». Su contraparte en la negociación, Jorge Rodríguez, afirmó que si una persona «recibió una inhabilitación política» no podrá ser candidato.

Sobre estas medidas, tanto The Washington Poscomo la agencia Bloomberg informaron sobre el alivio de algunas sanciones a la industria petrolera a cambio de garantías electorales. Ese acuerdo vendría de negociaciones directas entre el Gobierno de Estados Unidos y la administración de Nicolás Maduro.

«Es probable que Estados Unidos ponga un límite de tiempo a cualquier alivio de las sanciones para que pueda revertirse si Maduro no cumple con su parte del acuerdo», señalaron fuentes conocedoras del asunto al Post.

Con información de Tal Cual

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