El 18 de septiembre de 2021 se dio a conocer que ocho relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU enviaron un amplio informe al gobierno de Daniel Ortega, en el cual rechazaron por “ilegal y arbitrario” el proceso judicial entablado contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y contra los periodistas Carlos Fernando y Cristiana Chamorro, esta última bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio pasado.
El informe también exige al gobierno nicaragüense la entrega de información sobre los fundamentos jurídicos del asalto realizado en 2018 a las oficinas de la publicación Confidencial y este año a la sede de la FVBCh y a los estudios de los programas Esta Noche y Esta Semana. Además, una explicación sobre el acoso a la prensa independiente y los defensores de derechos humanos.
La situación de asedio a la libertad de prensa también fue denunciada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien al intervenir en la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos exhortó a Ortega a tomar “medidas urgentes” y “como mínimo, liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral”.
La Prensa despide personal para “asegurar su supervivencia”
El diario La Prensa, ocupado por la policía de Nicaragua desde el 13 de agosto, anunció, el 16 de septiembre, un recorte de personal y de sus publicaciones digitales como medida extrema para garantizar su supervivencia.
En un comunicado, el diario indicó que se vio obligado “a tomar la dolorosa decisión para operar sólo en la cantidad suficiente, para continuar informando desde nuestro sitio web y garantizar la supervivencia de la empresa en medio de un ambiente hostil que nos ha impuesto la dictadura”.
“La toma por parte de la policía de nuestras instalaciones, donde está nuestra rotativa, imprenta comercial, oficinas administrativas y redacción, obliga a la empresa a hacer un recorte al no poder operar normalmente”, agregó el informe, que no reveló cuántos periodistas serán despedidos.
Tomado de Pen International
