Reseña el portal Tal Cual que el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, demandó por supuesta “difamación agravada y continuada” al coordinador nacional del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado; y al sacerdote jesuita Alfredo Infante, director del Centro Gumilla.
Así lo dio a conocer este lunes el mismo, Marino Alvarado, a través de su cuenta en la red social de Twitter.
La demanda del mandatario regional llega luego de que dichos defensores de derechos humanos denunciaran ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía de la entidad, la cual calificaron de ser una de las más letales de Venezuela con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales documentadas durante el año 2021, por lo que solicitaron que se investigue al gobernador Rafael Lacava.
El Tribunal de Primera Instancia en función de juicio del estado Carabobo emitió el pasado viernes 13 de mayo las boletas mediante las cuales notifica a Alvarado e Infante que admitió la acusación privada presentada por los abogados Eliezer Miguel Guacuto Ríos y Carlos Alberto Bonilla Álvarez en representación del gobernador.
Los defensores de derechos humanos son acusados de “la comisión del delito de difamación agravada y continuada, previsto y sancionado” en el Código Penal.
“El día de hoy, 16 de mayo, hemos recibido una notificación de un tribunal penal del estado Carabobo, de una demanda por difamación interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. Una acusación contra Alfredo Infante, director de Derechos Humanos de la Fundación Gumilla, y otro contra mi persona”, expresó Alvarado, a través de un video publicado en Twitter.
“Supuestamente lo hemos difamado”
Por su parte, el coordinador nacional del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, expresó, a través de su cuenta en la red social de Twitter, que la supuesta “difamación” contra el gobernador Lacava “es por exigir la determinación de responsabilidades”.
“Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo. La policía estadal de Carabobo es la más letal en el 2021 de acuerdo a la investigación realizada por Lupa por la Vida. Lo que hemos hecho como activistas de derechos humanos es lo que nos corresponde. Hay una grave violación a los derechos humanos, y debe investigarse a los autores materiales y las cadenas de mando“, reaccionó Alvarado.
Alvarado señaló que la denuncia de Lacava pareciera una política de Estado “de no investigar a quiénes pudieran tener la mayor responsabilidad”, agregó, al tiempo que aclaró que nunca señalaron al Gobernador como responsable, sino la petición de investigar su presunta responsabilidad.
En ese sentido, Marino Alvarado pide a la Defensoría del Pueblo que colabore con el Ministerio Público para investigar estos casos que, según la investigación antes mencionada, registran 1.414 presuntas ejecuciones en 2021 y 3.034 en el año 2020.
Asimismo, precisó que esta nueva amenaza “es la consecuencia de ser exigentes en materias de derechos humanos”.
“Es el riesgo que corremos los defensores y las defensoras de derechos humanos por exigir que se investiguen las cadenas de mando en Venezuela, porque pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad“, manifestó.
Con información de Tal Cual
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