El Frente Nacional de Abogados de Venezuela, rechazó la detención arbitraria de la profesional Deolinda Maruja Fernández Merchán.
A través de un comunicado la agrupación, señaló que Fernández fue citada a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científica Penales y Criminalísticas (Cicpc) Las Acacias a rendir declaración en calidad de testigo sobre la investigación de una Sentencia presuntamente falsa del año 2019 del Tribunal de Protección de Valencia.
En este proceso judicial no actuó como abogada. La profesional fue contratada en diciembre de 2020 para solicitar una Autorización Judicial, a los fines de tramitar una cédula de identidad de una niña ante el Saime.
La copia de la referida sentencia fue suministrada por la respectiva cliente; posteriormente la profesional del derecho consignó dicha sentencia como un medio de prueba de la solicitud; ahora bien, siendo citada al CICPC a rendir declaración, la abogada acudió , una vez allí, sin que mediara peligro de fuga, ni de obstaculización le fue solicitada una orden de aprehensión vía telefónica sin estar llenos los extremos de ley por los delitos de uso de documento falso, falsificación de ellos y asociación para delinquir.
Fernández fue presentada por ante el Tribunal Décimo de Control del Estado Carabobo, quien ratificó el día 13 de enero la Medida Privativa de Libertad en contra de la profesional.
«Es evidente que existe una pretensión de criminalizar el ejercicio profesional de la abogacía. Asimismo, es evidente que constituye un abuso de autoridad privar de libertad a una profesional del derecho de esa forma sin tener responsabilidad alguna en la elaboración de una presunta sentencia falsa, cuya copia le fue suministrada por la cliente; y quién, además, atendió el llamado del órgano policial investigador. Cabe destacar que los abogados litigamos de buena fe, por lo que presumimos que los documentos que nos suministran los clientes son verdaderos».
Los representantes del Frente exigieron la libertad plena inmediata de la colega Deolinda Fernández, el cese de las arbitrariedades y atropellos en contra de los profesionales del Derecho, el respeto al Debido Proceso Constitucional, Garantías Constitucionales, los cuales constituyen derechos humanos.