viernes, mayo 7, 2021

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En Colombia proyecto busca normalizar plazos para acceso a la información a periodistas

Entre la avalancha de decretos legislativos promulgados por el presidente Iván Duque en medio de la emergencia económica y social por la pandemia del COVID-19, decretada el año pasado en dos oportunidades, se emitió una ordenanza con fuerza de ley que alteraba los plazos de las entidades para responder a los requerimientos de información. La determinación aumentaba hasta el doble los tiempos que los estamentos del Estado tienen para responderle los derechos de petición a la ciudadanía en general.

Según la ley 1437 de 2011, que establece el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los plazos máximos para resolver los derechos de petición son los siguientes: 15 días para resolver las peticiones, 10 días para los pedidos de documentación e información y 30 días para las consultas a las autoridades en relación con sus cargos. Sin embargo, el decreto 491 de 2020, emitido durante la emergencia económica por la pandemia, aumentó estos plazos hasta el doble: 30 días para resolver las peticiones, 20 días para los pedidos de documentación e información y 35 días para las consultas a las autoridades en relación con sus cargos.

La justificación de este cambio radicaba en que, a pesar de que se debía garantizar el derecho al acceso a la información, los términos “resultan insuficientes dadas las medidas de aislamiento social tomadas por el gobierno nacional en el marco de los hechos”. Aunque el decreto buscaba adaptar los tiempos de la gestión de información a los rigores de la pandemia, la determinación ha afectado la labor periodística y de control por parte de organizaciones de la sociedad civil y congresistas.

Por eso, varios miembros de la oposición radicaron un proyecto para modificar las determinaciones presidenciales y restaurar los términos de acceso a la información a los indicados por la ley. “El objeto de esta ley es favorecer las condiciones de acceso a la información y de control social que ejercen los periodistas, los medios periodísticos, las organizaciones de la sociedad civil de protección de derechos humanos, las instituciones y personas que ejercen control social”, reza el articulado del proyecto radicado en el Senado.

Este mismo texto señala que, de aprobarse, los términos extendidos impuestos por el presidente no aplicarían para periodistas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones que ejerzan el control social, veedurías ciudadanas y los miembros de los cuerpos colegiados -es decir, congresistas, diputados, concejales, entre otros-. Para el resto de la ciudadanía, seguirían rigiendo los plazos fijados por el Ejecutivo.

El Espectador

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