«Golpe de Estado técnico» en El Salvador: la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó esta sábado al fiscal general, Raúl Melara, y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Dentro y fuera de las fronteras salvadoreñas, varias voces se alzaron para advertir de la deriva antidemocrática que podría suponer este desequilibrio de poderes.
La primera medida de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador atacó directamente a los contrapoderes habituales del sistema democrático.
El Parlamento, de mayoría oficialista, destituyó este sábado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país, unas instancias y funcionarios que habían investigado y emitido veredictos contrarios a las políticas del presidente Nayib Bukele.
La medida, que afecta a los cinco jueces titulares y a los cuatro suplentes de la Sala, ha salido adelante a toda prisa, sin el trámite parlamentario habitual. Ostentando la mayoría absoluta partidaria a Bukele, fueron 64 legisladores de 84 los que votaron por la destitución de los magistrados, que habían sido elegidos por anteriores legislaturas.
Según el oficialismo, la destitución de los funcionarios judiciales se debe a que son partidistas. En el caso del fiscal, Raúl Melara, elegido en enero de 2019, estaba acusado de tener vínculos con uno de los partidos opositores, Arena.
El país se queda sin contrapesos políticos
La decisión preocupa por atacar el equilibrio de poderes en el país. Recientemente, el alto tribunal había frenado unos decretos impulsados por Bukele relacionados con la emergencia sanitaria, uno de los múltiples choques entre el Ejecutivo y el sistema de justicia salvadoreño.
Con los magistrados destituidos, la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobó unos nuevos jueces para la Sala de lo Constitucional y un nuevo fiscal general. La oposición teme que, así, el poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo quede favorable a Bukele.
Minutos después de la votación en la Asamblea, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la decisión por atentar contra el sistema de gobierno.
«Una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala», dice el fallo.
Ahora, el país se encuentra en pleno duelo de legitimidades entre los magistrados que rechazan su destitución y los nuevos aprobados por la Asamblea Legislativa.
El presidente Bukele celebró la decisión del parlamento y reivindicó en Twitter que la mayoría oficialista en la cámara surgió del voto popular: «El pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡Destituidos!». Además, ante las críticas de Gobiernos extranjeros, describió los hechos como una «limpieza de la casa».
Con información de .france24.com
