El Congreso de Perú rechazó la destitución del presidente, Martín Vizcarra, quien ganó una moción que buscaba incapacitarlo tras ser acusado de adjudicación irregular de contratos.
La medida, forzada por seis de los nueve grupos del Parlamento hace una semana, tenía un recorrido incierto y dependía de la decisión de las dos fuerzas mayoritarias.
En su intervención, Vizcarra pidió disculpas por los audios de conversaciones que han generado la crisis política que atraviesa el país sudamericano.
Algunos líderes políticos que hace días estuvieron a favor de la llamada “vacancia presidencial” cambiaron finalmente su posición respecto al mandatario.
Tras una jornada de debate, pasadas las nueve de la noche 32 congresistas votaron a favor de su destitución, mientras que 78 la rechazaron y 15 se abstuvieron.
Acción Popular, con la excepción de dos parlamentarios, Alianza por el Progreso, Fuerza Popular, salvo una congresista, y el Partido Morado votaron en bloque por el no, mientras que el grupo político de Antauro Humala, Unión por el Perú, y el partido Frente Popular Agrícola del Perú mantuvieron el sí.
Podemos Perú, liderado por dos políticos investigados, Luna Gálvez y Luna Morales, optó por la abstención, y en el izquierdista Frente Amplio hubo dos votos en contra y cinco abstenciones.
Nueve miembros de Somos Perú se posicionaron en contra y uno a favor. Varios de quienes votaron contra la destitución expresaron que lo hicieron a su pesar, siguiendo la indicación del jefe del partido, como en Acción Popular y en Alianza para el Progreso, o que pusieron por delante los intereses del país. Otros indicaron que el rechazo a la destitución no eximía de responsabilidad al presidente.
Alianza por el Progreso es la formación política que había aportado la mayor cantidad de votos para que el Congreso aprobara el debate para destituir al jefe de Estado peruano, en el que sus opositores necesitaban 87 votos.
El líder de ese partido, el excandidato presidencial César Acuña, sin embargo, había considerado “innecesario e impertinente forzar una vacancia presidencial”. Su hermano, el congresista Humberto Acuña, fue inhabilitado del ejercicio de cargos públicos debido a que ofreció un soborno a un policía vinculado con una red criminal, pero aún se mantiene en funciones.
La misma opinión contra la destitución expresó la líder de Fuerza Popular, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, desde su prisión domiciliaria. La política está siendo investigada por lavado de activos, al haber recibido supuestamente fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011 y 2016.
Dichas opiniones pesaron en la decisión que adoptó el jueves el Tribunal Constitucional, al que el Gobierno acudió para pedir una medida cautelar que suspendiera el debate sobre la destitución.
El tribunal rechazó la solicitud. “Hemos advertido por las declaraciones de los voceros y los que tienen representación partidaria que no tienen proclividad a apoyar la vacancia”, comentó la mañana de este viernes la presidenta del Constitucional, Marianella Ledesma, a la emisora Radioprogramas.
Si bien el presidente peruano ha librado la destitución, tiene por delante diez meses más de gobierno pero estará afectado por el descrédito, y no cuenta con una bancada en el Parlamento.
Vizcarra enfrentará en simultáneo una agenda compleja: contener la pandemia de la covid-19 —Perú es el país con la mayor tasa de mortalidad por 100.000 habitantes— y completar la reforma política con vistas a los comicios generales de abril.
Fuente: El País
