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Cuestionan que autoridades de UC pretenden ilegítimamente disponer de recursos de trabajadores

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El Vicerrector Académico de la Universidad de Carabobo, Ulises Rojas y el presidente del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación, Ipapedi, Fermín Conde, cuestionaron la pretensión de llevar al Consejo Universitario CU un punto de agenda en el que se plantea la creación de una figura plenipotenciaria que pueda disponer de recursos económicos y “usurpar” funciones de otros órganos e instituciones de la UC amparándose en un decreto de “Emergencia Económica”.

Reza el comunicado que esta medida “es nula por cuanto está por encima de nuestro ordenamiento jurídico. Inexplicable resulta a todas luces que se le haya dado admisión en la agenda del CU a tal ilegítima propuesta, porque los recursos confiados a nuestra Universidad no pueden ser manejados sin ningún tipo de regulación, argumentando confidencialidad o discrecionalidad, figuras estas que abrogan preceptos legales y sublegales, y a la propia Constitución Nacional que, de facto, se violaría con la pretendida propuesta”.

Los representantes profesorales denunciaron que esta «máxima autoridad ejecutiva» manejaría los recursos sin obligación de rendir cuentas amparada por el objeto de la ilegal resolución. Sostuvieron además que la propuesta sería nula pues el Alma Mater no está facultada para decretar la «emergencia económica».  Cuestionaron también que la resolución plagie varios artículos de la Ley Antibloqueo y que sea aparentemente utilizada como basamento legal de este plan.

En la misiva se critica “que se pretenda construir con una resolución viciada de nulidad, un andamiaje fraudulento para crear, suprimir, ordenar, decretar aportes, invadir o desconocer competencias de otros organismos, crear tablas salariales paralelas, y solicitar promulgación de leyes al Órgano Legislativo Carabobeño, como la única zona geográfica de influencia de la UC, para afectar al empresariado ya deprimido; cuando lo que se requiere es trabajar con dicho sector conjuntamente en programas de desarrollo tecnológicos y de formación académica”.

En el documento se exige que esta medida no sea aprobada en el Consejo Universitario y señalan que la resolución propuesta choca con el artículo 25 constitucional, que consagra: «Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público, que viole o menoscabe los derechos garantizados en esta Constitución y la ley, es nulo, y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenen incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusas órdenes superiores».

A juicio de estas autoridades es “sumamente grave” que un instrumento como el señalado haya sido presentado al CU para su discusión cuando su contenido y argumentación es inexplicable y carente de todo fundamento legal.

COMUNICADO

CONSIDERACIONES DEL VICERRECTOR ACADÉMICO, Y DEL PRESIDENTE DE «IPAPEDI» PROFESORES ULISES D. ROJAS S. Y FERMÍN CONDE SOBRE EL PUNTO DE AGENDA ENVIADO POR EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO PARA SU DISCUSIÓN EN LA POSPUESTA SESIÓN N° 1.915, DE FECHA 19-2-2021, DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO, EN EL CUAL SE PRETENDE DISPONER DE RECURSOS FINANCIEROS Y USURPAR FUNCIONES DE OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES DE LA UC.

La creación de una figura plenipotenciaria que pueda disponer de recursos económicos, esquivando el cumplimiento de la Ley y de la Constitución vigente, es nula por cuanto está por encima de nuestro ordenamiento jurídico. 

Inexplicable resulta a todas luces que se le haya dado admisión en la Agenda del CU a tal ilegítima propuesta, porque los recursos confiados a nuestra Universidad no pueden ser manejados sin ningún tipo de regulación, argumentando confidencialidad o discrecionalidad, figuras estas que abrogan preceptos legales y sublegales, y a la propia Constitución Nacional que, de facto, se violarían con la pretendida propuesta. 

Una «máxima autoridad ejecutiva» manejaría los recursos sin obligación de rendir cuentas, amparada en el objeto de la pretendida ilegal resolución.

Si grave es el hecho de haber admitido la antedicha resolución, más grave todavía resulta que se haya pretendido aprobar por el Consejo Universitario la hipotética figura de esa «máxima autoridad ejecutiva», como una panacea para los problemas que aquejan nuestra Institución, como son los exiguos sueldos y salarios, los servicios de HCM y de la Seguridad Social, y se pretenda construir con una resolución viciada de nulidad, un andamiaje fraudulento para crear, suprimir, ordenar, decretar aportes, invadir o desconocer competencias de otros organismos, crear tablas salariales paralelas, y solicitar promulgación de leyes al Órgano Legislativo Carabobeño, como la única zona geográfica de influencia de la UC, para afectar al empresariado ya deprimido; cuando lo que se requiere es trabajar con dicho sector conjuntamente en programas de desarrollo tecnológicos y de formación académica.

Sostenemos que no puede aprobarse tal instrumento, puesto que la Universidad de Carabobo no está facultada para decretar «emergencia económica». De acuerdo con el artículo 337 y 338 de la CRBV. Incurriendo, por tanto, en el supuesto previsto en el artículo 138 constitucional, que dice: «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.» Además, la resolución propuesta también plagia varios artículos de la Ley Antibloqueo, la que aparentemente toma como basamento legal. 

Igualmente, colide la resolución propuesta con el artículo 25 constitucional, que consagra: «Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público, que viole o menoscabe los derechos garantizados en esta Constitución y la ley, es nulo, y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenen incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusas órdenes superiores.» 

De tal manera, que es sumamente grave, que un instrumento como el señalado, haya sido, siquiera, presentado al cuerpo para su discusión, cuando su contenido y argumentación es inexplicable y carente de todo fundamento legal.

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