El Estado venezolano debería iniciar investigaciones judiciales para la plena rendición de cuentas de los autores de violaciones de derechos humanos y la justicia para las víctimas. Tras la investigación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, el equipo concluye que hay información suficiente y sólida que justifique la necesidad de iniciar investigaciones judiciales serias, imparciales, completas y transparentes.
El proceso judicial de los órganos competentes para la rendición de cuentas de los autores podría tener lugar dentro o fuera de Venezuela. “Lo decimos claramente, es el Estado venezolano el que tiene la responsabilidad primaria de garantizar esa responsabilidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente.
Y agregó: “Solo en el caso de que las autoridades venezolanas no pudieran o no quisieran, entonces, otras jurisdicciones pueden considerar qué acciones llevar a cabo de acuerdo con la legislación. Esto incluye otros países que puedan tener legislación sobre la jurisdicción universal, pero también la Corte Penal Internacional”.
El 29 de mayo la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dijo que han avanzado en la evaluación sobre supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde el 8 de febrero de 2018 la situación del país ha estado en examen preliminar. Valiñas dijo que la CPI puede pedir acceso a lo documentado por la misión.
No solo deberán ser investigados los autores directores de las violaciones, aclaró Valiñas. También los superiores y jerárquicos de la fuerza de seguridad, así como también autoridades del Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de la Defensa. Señaló que tras la investigación, que duró aproximadamente seis meses, tuvieron información de que las fuerzas de seguridad e inteligencia estaban en contacto permanente con altos niveles en el Ejecutivo. “Estos ministerios tenían conocimiento de lo que estaba pasando, coordinando las actividades y dando órdenes e instrucciones”.
Sobre otros casos, dice Valiñas, tuvieron “información de que el propio presidente daba órdenes, no sólo a directores de las instituciones, también a directores de unidades sustantivas dentro de las fuerzas de seguridad, para la vigilancia y detención”.
Una política de Estado
Para Valiñas las violaciones de derechos humanos en el país no son casos aislados, afirma que se sigue un modus operandi. Forman parte de dos políticas de Estado: “Silenciar la oposición al gobierno y la de combate al crimen, pero a través de ejecuciones extrajudiciales”. La implementación de estas políticas, desarrolladas a niveles más altos de decisión, por esa razón, explica Valiñas, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Valiñas refirió como “impactante” el caso del Capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió tras sufrir torturas a manos de funcionarios en la sede de la Dgcim. También la práctica de las FAES: sembrar semillas, plantar armas o simular enfrentamientos. “Funcionarios de las FAES confirmaron códigos y recibir órdenes de superiores para matar en vez de detener y juzgar”. También documentaron casos de tortura, bajo custodia de la Dgcim y el Sebin, en los que no hubo procesos judiciales.
El Consejo de Derechos Humanos, el 27 de septiembre de 2019, dio el mandato a esta misión de investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y tratos degradantes cometidos desde 2014. El informe contiene 443 páginas, se investigaron 223 casos, de los cuales 48 se revisaron de manera exhaustiva.
Valiñas aseguró que desde que comenzó la investigación contactaron a las autoridades a través del representante de Venezuela en Ginebra, Jorge Valero. En total, emitieron seis comunicaciones que no fueron respondidas. “El Canciller (Jorge Arreaza) dijo que no hemos solicitado datos oficiales, eso no es verdad. Si que hemos solicitado datos oficiales”, aclaró Valiñas.
A pesar de que no pudieron entrar a Venezuela, Valiñas aseguró que obtuvieron información directa de funcionarios dentro de las instituciones del Estado: actuales y ex integrantes de de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, fiscales y ex fiscales. También reportes redactados por miembros policiales, informes de autopsias, además de entrevistas confidenciales con víctimas y familiares.
Para Valiñas, la reacción de las autoridades venezolanas al informe no llevan a tener esperanzas a que cooperen con la misión. Piensa que, tras el pronunciamiento a favor de varios miembros del Consejo de Derechos Humanos, la misión podría continuar el mandato para nuevas investigaciones sobre derechos humanos en el país.”No tenemos interés o agenda política, hemos actuado con independencia e imparcial. Es muy claro. lo digo con toda la firmeza”, concluyó Valiñas.
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