La Corte Suprema de EE.UU que se ha negado a bloquear varios tipos de mandatos de vacunación, está estudiando ahora si permite al Gobierno de Joe Biden exigir a millones de estadounidenses que se vacunen contra el covid-19.
Aunque el tribunal se ha mostrado tolerante hasta ahora con los mandatos de vacunación que se le han presentado, rechazando detener los requisitos impuestos por entidades locales y estatales, los implementados por el Gobierno federal plantean nuevas cuestiones legales que podrían atraer la hostilidad de la mayoría conservadora.
La forma en que la Corte Suprema resuelva esos casos podría tener implicaciones para el poder del Ejecutivo de actuar unilateralmente no solo en cuanto al covid-19. Dependiendo de cómo se pronuncie el tribunal, las agencias podrían verse perjudicadas en cualquier situación en la que apliquen reglamentos que aborden circunstancias cambiantes sin esperar el lento proceso de elaboración de leyes del Congreso.
«En realidad, no se trata de un caso sobre los poderes de la salud pública de emergencia, ni siquiera sobre la ley de vacunación, sino sobre el grado de flexibilidad que tienen las agencias administrativas para responder a un problema o a una amenaza sin esperar la autorización específica del Congreso», dijo Lindsay Wiley, profesora de Derecho Sanitario en la Facultad de Derecho de la American University.
Hasta ahora, el Gobierno de Biden se ha encontrado con importantes obstáculos en su esfuerzo por defender las normas federales sobre vacunas que han sido impugnadas en los tribunales. Tres de los principales mandatos del presidente Joe Biden, a saber, la obligación de vacunar a los trabajadores sanitarios para más de 10 millones de personas, las normas para las empresas con más de 100 empleados y el mandato para algunos contratistas federales, han recibido sentencias judiciales en contra.
Muchas de las decisiones judiciales que bloquean los mandatos han respaldado las reclamaciones de extralimitación del Poder Ejecutivo, al tiempo que restan importancia a los fundamentos científicos de la exigencia de vacunas.
El 7 de enero, la Corte Suprema escuchará los argumentos orales sobre el mandato federal para los trabajadores sanitarios y las normas de «prueba o vacuna» para los grandes empleadores. Los jueces programaron audiencias expeditas en los casos, a pesar de que las demandas están todavía en una etapa preliminar en la que los tribunales no están haciendo resoluciones finales sobre el fondo, sino decidiendo si los mandatos deben ser pausados mientras se desarrolla el litigio.
«Las cuestiones que se plantean son diferentes cuando la entidad que impone la obligación es federal y no estatal», dijo Zack Buck, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tennessee, especializado en Derecho Sanitario.
«Esto se remonta a la fundación del país: el poder policial que conservan los estados. ¿Qué tipo de autoridad tiene el Gobierno federal? ¿Qué tipo de autoridad tienen las agencias federales? ¿Y eso le importa a la Corte Suprema? Creo que la respuesta es que sí».
Tomado de CNN
