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Comunicado de Unión y Progreso sobre acontecimientos en el alto Apure

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Las autoridades del partido Unión y Progreso, a través de un comunicado sobre la situación en el alto Apure, señalan que la Constitución de la República en su artículo primero define, como derecho irrenunciable, la defensa de la integridad territorial de la nación.
La defensa de la integridad territorial es una obligación del Estado venezolano, de su gobierno, de su fuerza armada y de todos los ciudadanos.
Unión y Progreso, movimiento político que convoca la unidad de todos los venezolanos para la defensa de los intereses superiores del país, ha tomado nota de los gravísimos hechos ocurridos recientemente en la frontera del estado Apure con Colombia, en la región del Alto Apure y más específicamente en los municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos.
Los venezolanos tenemos derecho a exigir una información seria, veraz, completa, acerca de estos acontecimientos.
Por de pronto, Unión y Progreso expresa su solidaridad con los compatriotas que viven en aquellos municipios, con las víctimas de la violencia y con sus familiares, con los que han tenido que migrar, abandonando sus casas, sus pertenencias y hasta sus familias.
El Estado venezolano tiene la obligación de proteger a las personas y a los bienes afectados en aquella región venezolana e indemnizar por los daños y perjuicios causados.
Las informaciones que obran en nuestro poder nos permiten denunciar la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es indispensable clarificar los hechos y establecer las responsabilidades.
Unión y Progreso manifiesta también su solidaridad con los oficiales y soldados de la Fuerza Armada Venezolana que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.
Queremos denunciar el abandono en que por muchos años se ha tenido a la frontera
venezolana.
Arístides Calvani, ilustre ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en el período
1969-1974, decía: “la base y fundamento de la política nacional de fronteras es la Persona
Humana como sujeto y fin del desarrollo. El hombre venezolano en su plenitud”. Y agregaba: “una frontera que se vacía pone en peligro el ejercicio pleno y real de la soberanía”.
La circunstancia de que el desarrollo demográfico, económico y social de nuestro país se haya concentrado en el eje norte-costero, no puede justificar, de ninguna manera, el abandono de los territorios fronterizos cuya defensa y protección es responsabilidad del estado venezolano, del gobierno nacional, de la fuerza armada y de toda la nación.
Denunciamos la tolerancia que se ha tenido con grupos armados irregulares que actúan libremente en territorios fronterizos en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, Táchira y Zulia. Grupos armados vinculados con la guerrilla colombiana, con las FARC, el ELN, las autodefensas y otras organizaciones en las que se mezcla la política insurreccional y la delincuencia.

Unión y Progreso deplora la violencia política que desde hace tantos años afecta la vida de nuestra hermana república de Colombia, a pesar de todos los esfuerzos militares y políticos que se han ensayado para erradicarla. Hacemos votos porque la paz y la justicia, prevalezcan definitivamente en ese país tan querido y tan vinculado con nosotros.
Un claro entendimiento entre gobiernos democráticos, respetuosos de los derechos humanos y del derecho internacional público es indispensable para abordar con éxito la solución de esta situación.
Unión y Progreso denuncia la permisividad que ha tenido el gobierno venezolano para tolerar la brutal explotación de nuestros recursos minerales en el Arco Minero. Los dos mil cuatrocientos kilómetros de frontera deben estar cuidadosamente delimitados, demarcados y densificados y además, deben estar llenos de presencia venezolana, gente venezolana, obras de infraestructura, hospitales y un gran respeto a las poblaciones indígenas, aborígenes.
Recordamos que la constitución venezolana establece claramente en su artículo 324 que el monopolio de la violencia legítima debe estar en cabeza de las F.A.N. y de las fuerzas policiales que actúan legítimamente en el territorio nacional.
Exigimos una política de cero tolerancia frente a la presencia de todos los grupos armados que actúan en la zona fronteriza. El estado venezolano debe asumir una política de desarme total, en toda la geografía nacional; desarme de quienes no deben portar armas. Y al mismo tiempo una política de equipamiento eficiente y moderno para las fuerzas que, dentro del estado de derecho, están encargadas de la defensa de la integridad territorial y de la seguridad de las personas y de los bienes.
La defensa de nuestras fronteras, su densificación, su incremento población, el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que habitan o podrían habitar en el futuro en esos espacios de la geografía nacional, debe ser objeto de una atención preferente por parte del Estado venezolano y de toda la nación.
Unión y Progreso recomienda la convocatoria del Consejo de Defensa de la Nación, previsto en el artículo 323 de la Constitución Nacional, para “la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico”. A la reunión de ese Consejo deben ser invitados venezolanos, con conocimiento de los asuntos fronterizos, que puedan ampliar los puntos de vista de los funcionarios del gobierno.
Defender las fronteras es labor de patria.

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