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Canciller rechazó informe de la OEA que pretender erigirse como tribunal internacional

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«Venezuela rechaza el informe presentado por Almagro, en el que pretende erigirse como tribunal internacional cuestionando el trabajo de la CPI. Recordamos que la OEA no posee estas competencias y que Venezuela no es Estado miembro de esta anquilosada organización», indicó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en la red social Twitter.

A través del texto se pretende interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable, en las funciones del organismo antes mencionado, al desconocer su autoridad jurídica, refiere el comunicado emitido por la República Bolivariana de Venezuela.

El Ejecutivo Nacional le recuerda a Almagro que la OEA, no posee competencias jurisdiccionales para erigirse como un tribunal internacional de derechos humanos «ni para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales en ninguno de sus Estados miembros».

Cabe destacar que Venezuela no forma parte de este organismo, tras denunciar la Carta de la OEA en abril de 2017, y cumplir los lapsos previstos.

El secretario general de la OEA pretende aplicar su política de caos y violencia en el territorio nacional a pocos días de las elecciones parlamentarias, tal como lo hizo en Bolivia en el golpe de estado del 2019.

A continuación el comunicado integro:

«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su categórico rechazo al infame informe presentado el día 2 de diciembre de 2020 por Luis Almagro, con el objetivo de cuestionar el trabajo de la Corte Penal Internacional, sobre la base de difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en Venezuela. El individuo que funge como Secretario General de la anquilosada OEA no pierde oportunidad para mostrar su desprecio por los derechos humanos y aplicar un descarado doble rasero selectivo, con fines meramente intervencionistas.

El referido informe, elaborado sin ningún tipo de constatación sobre el terreno y a partir de fuentes secundarias que no configuran evidencias de los supuestos hechos enunciados, pretende interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable, en el funcionamiento independiente de la Corte Penal Internacional, al desconocer su personalidad jurídica, sus funciones y atribuciones. Olvidan Luis Almagro y sus secuaces que los miembros de Fiscalía de la CPI no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a ese cuerpo, tal como lo establece el artículo 42 del estatuto de Roma.

En este sentido, el documento publicado, carente de toda base jurídica en relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela, constituyen una evidencia operación de propaganda contra las instituciones venezolanas y sus autoridades, al tiempo que confirma ante la comunidad internacional la infeliz y recurrente práctica del desgastado Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al ejercer acciones recurrentes que violan la Carta constitucional de la OEA, su normativa interna, los principios más elementales del derecho internacional y que además carecen del mandato unánime necesario de los Estados Miembros de esa Organización.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, recuerda que la OEA y su Secretaría, no poseen competencias jurisdiccionales para erigirse como un tribunal internacional de derechos humanos ni para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales en ninguno de sus Estados miembros. Mucho menos en Venezuela, Estado que al denunciar la Carta de la OEA en abril de 2017, y tras cumplirse los lapsos previstos, no es miembro a esa Organización, ni volverá a pertenecer jamás a ella.

A pocos días de las elecciones parlamentarias, Luis Almagro se sitúa al frente de la ofensiva contra Venezuela, pretendiendo generar caos y violencia, tal como lo hizo en Bolivia en el golpe de estado del 2019. Sin embargo, próximo domingo 6 de diciembre, el pueblo venezolano le brindará otra lección de soberanía democrática al Sicario General de la OEA, así como a cualquier actor externo que pretenda intervenir en los asuntos internos de Venezuela».

El Universal

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