123 diputados son atacados y amenazados por el régimen

La Asamblea Nacional denunció que 123 diputados, entre principales y suplentes, han sido objeto de violaciones a sus derechos humanos, así como objetos de amenazas, intimidación o suspensión ilegal de su mandato en el actual período legislativo.

Un informe elaborado por la diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Justicia y Paz, y un equipo técnico, detalló que los casos denunciados ante el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria están relacionados con:

  • Torturas,
  • actos de violencia,
  • amenazas
  • arresto arbitrario,
  • incumplimiento de las garantías procesales en la etapa de investigación,
  • dilación arbitraria de los procedimientos judiciales,
  • violación de la libertad de opinión y expresión,
  • infracción de la libertad de reunión,
  • violación de la libertad de movimiento,
  • suspensión ilícita o revocación del mandato parlamentario,
  • violación a la inmunidad parlamentaria,
  • medidas que impiden el ejercicio del mandato parlamentario,
  • violación del derecho a la intimidad
  • y acoso por parte de colectivos paramilitares.

El texto detalló que en 2019 se produjo una nueva embestida por parte del régimen de Nicolás Maduro contra el Parlamento. Se pone como ejemplo el ataque ocurrido los días 22 y 23 de febrero, cuando un grupo de parlamentarios que se dirigía al estado Táchira fue secuestrado durante varias horas por colectivos paramilitares afectos al gobierno.

El informe especifica que en menos de un mes, el fiscal general Tarek William Saab, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia y la asamblea nacional constituyente han violado la inmunidad de 17 diputados. La medida en su contra los despojó del fuero parlamentario y se emitieron órdenes de captura contra ellos para ser juzgados por tribunales ordinarios.

Ante la posibilidad de ir a la cárcel y ser sometidos a vejámenes, torturas y denegación de justicia, muchos de los parlamentarios afectados optaron por ir a la clandestinidad o partir al exilio.

El informe señaló que la declaratoria de desacato a la AN para tratar de anularla ha traído como consecuencia el desconocimiento de sus decisiones; la negación de recursos presupuestarios que limita drásticamente su funcionamiento; la usurpación de sus funciones; la ocupación ilegal de sus espacios y la apropiación ilegal de sus bienes por la ANC; además de la suspensión del pago de salarios y remuneraciones a los diputados.

(Con datos de El nacional)