Comunidades temen y rechazan intervención de PoliValencia

Con sorpresa, rechazo e indignación las comunidades organizadas de Valencia, recibieron la noticia formal de la intervención por parte del Ministerio de interior Justicia y Paz de la policía municipal, desde el pasado lunes 4 de septiembre.

Consejos comunales de San Blas, San José, Rafael Urdaneta y las parroquias históricas constantemente se reunían con las antiguas autoridades de la PoliValencia, para coordinar el trabajo conjunto y el éxito de los cuadrantes asignados a ese cuerpo policial, que había logrado una sinergia comunidad-alcaldía poca veces vista en la ciudad.

Fueron en un año y medio de gestión del comisario Carlos Cordero, cerca de 150 reuniones, en diferentes comunidades, un trabajo que rescató el concepto de policía comunal, y además amplió las bases del trabajo de los efectivos incluso a labores sociales.

Vale recordar que el ahora exdirtector de PoliValencia entró en un momento delicado de ese cuerpo de seguridad y con la misión de depurarlo y ponerlo realmente al servicio de las comunidades, por instrucciones de una política de asesoramiento técnico e institucional del viceministro, General Giuseppe Cacioppo, en su paso por el Ministerio de Interior Justicia y Paz.

Por eso, desde sectores comerciales como la zona El Viñedo, hasta consejos comunales han hecho ver su descontento con la media, con mensajes de solidaridad en las redes sociales que manejaba Policía de Valencia, y que ahora pasaron a ser no oficiales.

En el caso específico de El Viñedo, días antes de la intervención se dio un acto que describe perfectamente el trabajo mancomunado que se venía haciendo con las comunidades, cuando se inauguró una nueva brigada de Defensa de Espacios Públicos (DEP) para los puntos comerciales de El Viñedo y el Casco Histórico, con la activación de dos unidades patrulleras como parte de la alianza estratégica de la Red Integral de Seguridad (RIS), la cual nunca inició debido a la intervención.

Ese día, el 30 de agosto de 2017, el alcalde de Valencia, Miguel Cocchiola, junto a parte del tren ejecutivo de su gobierno, hizo entrega de las unidades radiopatrulleras descapotables en el Boulevard Humberto Celli, gestión que fue posible gracias al apoyo de la empresa privada.

Una de las unidades fue asignada para patrullaje en la zona comercial de El Viñedo y la otra para el Boulevard Constitución, esto incluye las avenidas Cedeño y Lara. La brigada estaría integrada por funcionarios adscritos a la policía municipal de Valencia, pero dada la intervención las patrullas fueron retiradas de esos puntos y trasladadas hasta la sede del Cicpc en Plaza de Toros.

 

Una extraña intervención

Era un viernes común en la Policía de Valencia (2 de noviembre de 2017), cuando el supervisor jefe, Luis Alberto Núñez Marín, decidió autojuramentarse como director de este organismo al asegurar que el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol), lo había designado como tal. Así lo reseñaba el diario El Carabobeño ese mismo día en su versión web.

Según datos aportados extraoficialmente, Nuñez Marín le indicó al viceministro de seguridad, Gilberto Molina que iniciaría un procedimiento administrativo en contra del comisario Carlos Cordero, quien dirigía la institución, por lo que fue detenido junto a cinco funcionarios y llevado a la comandancia de la Policía de Carabobo, y no a una subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como se dijo en un principio.

Al parecer nunca llegó el oficio o documento que manifestase lo dicho por el oficial Núñez de parte del despacho de este ente adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por lo que la Alcaldía de Valencia no sabía con certeza si realmente el órgano policial fue tomado.

El alcalde encargado de Valencia, Santiago Rodríguez, juramentó en la mañana de este sábado a Luis Gómez como director de la policía. Sin embargo, están a la espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades competentes, informó una fuente del ayuntamiento.

Luis Alberto Núñez Marín, supuestamente, se encuentra antricherado en la sede administrativa de la Policía Municipal de Valencia, en el antiguo parque Los Enanitos, y no le permite el acceso al personal de la alcaldía ni a la nueva autoridad nombrada por Rodríguez.

San Diego y Naguanagua ejemplos negativos

Si en algo hay consenso en los municipios San diego y Nagauangua es en lo perjudicial que han sido las intervenciones de esos cuerpos de seguridad municipales por parte del Gobierno nacional.

En el caso del municipio San Diego, hasta la intervención de la policía municipal esa localidad era reconocida en todo el país como una de las más seguras de Venezuela; en esa oportunidad su director, Salvatore Lucchese, fue arrestado, y luego los planes y coordinación que el alcalde Enzo Scarano (en ese mismo momento separado de su cargo), se vino a pique.

Se debe destacar que la excusa para la intervención fueron las protestas del año 2014, y una decisión judicial contra el Alcalde Enzo Scarano, por presuntamente no mantener el orden público y resguardar los bienes y las personas.

Actualmente el municipio San Diego producto de esa intervención arroja niveles de inseguridad parecidos al resto del país, y se terminó con un trabajo de años de planificación.

El vehículo de Leonardo González recibió 11 impactos de bala | Foto: Ruth Lara Castillo

En cuanto al municipio Naguanagua, la intervención tuvo como excusa ciertas irregularidades de algunos funcionarios presuntamente involucrados en casos de secuestro y extorsión y el asesinato de un comerciante en Prebo. Esa medida se dio el 14 de octubre de 2016, por lo que está a punto de cumplir un año.

Igualmente que en el caso de San Diego, las comunidades han reclamado la nueva labor de ese cuerpo municipal que incluso durante las protestas y trancazo de este año 2017, fue uno de los más represivos y han sido involucrados en varios casos de jóvenes detenidos y un fallecido.

Vale recordar el caso de Leonardo González, que fue asesinado y tras una experticia balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), se determinó que fue un funcionario de la Policía Municipal de Naguanagua quien disparó contra él, durante el segundo día de paro cívico convocado por la Unidad el 27 de julio de 2017, en el sector Los Guayabitos de la jurisdicción.

Se conoció que por el caso fueron investigados seis funcionarios de la Policía de Naguanagua y tres de la  Policía de Carabobo, quienes procedieron de manera conjunta en la represión de los manifestantes, que permanecían junto a una barricada cercana a la Av. Valencia.

Desde la cuenta de twitter de la Zona Operativa de Defensa Integral Carabobo se dio a conocer que a través de la autopsia realizada a Gonzaléz se concluyó que murió luego de recibir un impacto de bala de los 11 que fueron hechos a su vehículo.

Casos en el limbo

Captura del polémico vídeo que destapó el caso Las Chimeneas

Uno de los casos más emblemáticos que el exdirector de PoliValencia, Comisario carlos Cordero, llevaba adelante en la depuración de ese cuerpo de seguridad era el de los funcionarios involcurados en el crimen de Las Chimeneas en noviembre de 2015.

 

Según reseñaba el diario Notitarde, en ese caso los funcionarios Vicenio Salvatore Rocco Reyes, Richard Sigardo Villa Alcedo, Eduardo Abraham Gomez Franco, Germán Reynaldo Canedo Moreno y Luis Manuel Bocaney, acusados de haber cometido los delitos de “homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, simulación de hecho punible y uso indebido de arma orgánica”, permanecieron detenidos entre el 6  y el 12 de agosto de 2016 cuando la juez firmó la cautelar, hasta que en abril de este año se les dio una sustitutiva de libertad.

Ese caso, que data del 28 de noviembre de 2015, cuando cerca de las cuatro de la tarde, el ciudadano Hedor Alexander Bondaresko Escalona,  fue despojado de su vehículo  Toyota modelo Yaris color verde de placas PA049L cuando tres desconocidos lo interceptaron presuntamente con armas de fuego, según el informe de los funcionarios de la Policía Municipal que participaron en el operativo de recuperación del carro.

El propietario dio parte a unos funcionarios de la Policía de Valencia que pasaban por la zona y poco después, una comisión policial logró interceptar el vehículo robado en las inmediaciones de la Urbanización Las Chimeneas, muy cerca del distribuidor del mismo nombre y detuvo a los ciudadanos Julio César Acevedo (21), Juan de Dios herrera Guillén (18) y de un adolescente de 17 años.

Dicho informe detalló que durante el procedimiento de captura, las personas que conducían el vehículo robado, al ser intervenidos y dárseles la voz de alto, se enfrentaron con los policías y fueron ultimados en la refriega.Los funcionarios se declararon inocentes y sostuvieron que los presuntos robacarros les hicieron frente con sus armas y que murieron en un enfrentamiento.

La sorpresa fue cuando las redes sociales divulgaron  un video de 19 segundos de duración donde se observa el momento en que el carro robado es detenido en la autopista y se ve con suma claridad, que hay tres detenidos que permanecen tendidos en la autopista esposados, y que corresponderían con la identidad de los tres abatidos por la policía.

Los tres estaban con vida y luego son obligados a levantarse del pavimento. También se observa  a la patrulla, las motos y a los funcionarios que intervinieron en la detención.Ante la denuncia de los familiares de las tres víctimas de una posible actuación policial fuera de la Ley, el  Director de la Policía Municipal de Valencia, Comisario Carlos Cordero, solicitó a la Supervisora  jefe Gisela Solarte, Coordinadora de la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales, una investigación al respecto.La respuesta de esta funcionaria fue que “dicho procedimiento estuvo apegado a derecho y fue notificado a la Fiscalía 28 de Carabobo, por lo que no se (sic) apertura una averiguación administrativa”.

Todo hubiera quedado “oleado y sacramentado” si de por medio el oficial Douglas López Marquez, no hubiera interpuesto una denuncia por “actos de tortura, humillación, ofensa y maltrato con ensañamiento”, en contra de cuatro de los cinco funcionarios acusados por el crimen de los tres jóvenes de “Las Chimeneas”.

Por más de año y medio las ahora ex autoridades de la Policía Municipal de Valencia han solicitado una actuación firme del Ministerio Público y castigo a los culpables,  sin que se haya dado una sentencia firme o decisión del caso. No se sabe ahora que pasará con el caso, ya que las nuevas autoridades, podrían incluso contar con algunos de los funcionario investigados por ese caso en particular.

 

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